El actual gobierno de Joe Biden acelerará el trámite para solicitar permisos de trabajo temporal para miles de inmigrantes indocumentados víctimas de delitos, como parte de la revisión del sistema de inmigración del país que propone el primer mandatario.
Se han sumado a un retraso que aumentó durante la administración de Donald Trump Las solicitudes de visado para unas 270,000 con un tiempo medio de espera de al menos cinco años sólo para ser parte de una lista de espera para la autorización de trabajo temporal en los Estados Unidos.
Tiene veinte años de antigüedad el programa de visados U, el cual concede un estatus legal temporal a las víctimas de determinados delitos, como la violencia doméstica y las agresiones sexuales, y que, además, aceptan cooperar con las fuerzas del orden.
Los EE.UU. puede conceder hasta 10,000 visados anualmente, lo que obliga a miles de personas y a sus familias a esperar indefinidamente por esta protección, que pueden brindar una vía para obtener un estatus legal permanente o la ciudadanía en EE.UU.
“Debido al drástico aumento del volumen de peticiones de no inmigrante y a la creciente acumulación de casos pendientes de inclusión en la lista de espera o de adjudicación final”, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) empezará a acelerar la tramitación de determinados casos, según anunció la agencia en un memorándum de política el 14 de Junio. Misma que está implementando USCIS «inmediatamente».
Las solicitudes de miles de solicitantes de visados U, fueron rechazadas por la administración del ex-Presidente Trump, así como de solicitantes de asilo y otros inmigrantes que buscaban un estatus legal si algún campo de sus formularios quedaba en blanco o parecía incompleto, entre otras políticas draconianas y punitivas bajo la caótica agenda de inmigración de la administración.
Biden ha tratado de eliminar las barreras de la era de Trump para obtener un estatus legal haciendo que el sistema de inmigración sea más simple y más asequible, de acuerdo a un proyecto del Departamento de Seguridad Nacional que describe la agenda del Presidente.
La propuesta de Ley de Ciudadanía fue anunciada en Febrero, la cual crearía un amplio conjunto de reformas con un camino de ocho años hacia la ciudadanía que podría afectar a casi 11 millones de inmigrantes.
La Ley del Sueño y la Promesa Americana concedería la ciudadanía a alrededor de 2.7 millones de personas que llegaron de niños o que tienen un estatus legal temporal para permanecer en territorio norteamericano.
De acuerdo al informe del centro de estudios progresista Center for American Progress, la concesión de la ciudadanía a millones de inmigrantes podría aumentar el producto interior bruto en 1.7 billones de dólares. Por otro lado, aumentaría también el salario medio en 4,300 dólares en cinco años y en 11,800 dólares en 10 años.
Tras el incremento del número de migrantes que han arribado a la frontera entre México y EE.UU. en los últimos meses huyendo de la violencia y la corrupción en el extranjero, y de unas economías agotadas por la pandemia de coronavirus y sus consecuencias económicas es el contexto en el que se ha desarrollado la agenda de la presidencia norteamericana.
Las fuerzas del orden siguen expulsando a los migrantes adultos que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México en virtud de una orden de salud pública invocada por el anterior presidente. Más de 112,000 personas fueron expulsadas en mayo en virtud de las disposiciones del Título 42, según el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos.
El actual gobierno norteamericano ha puesto fin formalmente a la política de “Permanecer en México” de la era Trump, que obligaba a miles de solicitantes de asilo a permanecer al otro lado de la frontera sur en refugios potencialmente peligrosos mientras se procesaban sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Funcionarios de la administración dijeron que se han procesado más de 11,000 solicitudes de asilo, pero la política del Título 42 sigue en vigor.
La Vicepresidente Kamala Harris ha regresado de México y Guatemala para promover los esfuerzos de lucha contra la pobreza, la persecución y la corrupción en Centroamérica, así como para establecer pactos con funcionarios para apoyar las medidas de lucha contra el narcotráfico y los esfuerzos para combatir el tráfico de personas.
Su visita también se produjo después de la publicación anticipada de un informe de progreso de un grupo de trabajo de Seguridad Nacional sobre el estado de la reunificación familiar de las miles de familias que aún están separadas después de su expulsión bajo la administración de Trump y su política de “tolerancia cero” que buscaba perseguir criminalmente a los solicitantes de asilo.
El informe encontró que 1,786 niños fueron reunificados con sus familias en Estados Unidos y en sus países de origen, la mayoría de ellos antes de la creación del grupo de trabajo en los primeros días de la administración Biden.
Sin embargo, se calcula que hay 2,127 niños “que pueden seguir separados de sus padres”, según el documento.
(C) Yahoo Noticias!/ Alex Woodward
Fuentes: nexos, Chicago Tribune en Español, CNN en Español
