La labor de los traductores e intérpretes de lenguas indígenas que prestan sus servicios en juzgados federales, civiles o penales es una actividad que debe ser remunerada, sin embargo, el Poder Judicial de la Federación en Chihuahua no lo ha hecho así.

Con base al artículo publicado en El Diario de Juárez, sólo de este año, a la abogada rarámuri Rosa Moreno le adeudan el trabajo de seis audiencias ante juzgados federales en Chihuahua y otras más a las que acudió en el estado de Sonora.

Situación como la de Rosa, egresada de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), la enfrentan intérpretes de lenguas indígenas en todo la República Mexicana, así denunció públicamente la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas A.C. a través de un comunicado de prensa al asegurar que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tiene adeudos con esta asociación por 450 mil pesos acumulados a lo largo de tres años. 

Se tiene un convenio desde el 2005 para los servicios de traducción en lenguas indígenas, entre ambos organismos, distintas instancias del Poder Judicial han ignorado los reclamos sobre los adeudos. 

El día de ayer, 14 de Agosto, se emitió el comunidado de prensa y fue dirigido a diversas entidades del Gobierno y de defensa de los derechos humanos, denunciaron públicamente la falta de atención de parte del Consejo de la Judicatura a las peticiones de la comunidad de intérpretes traductores de lenguas indígenas y la búsqueda de diálogo con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería, del Consejo de la Judicatura Federal, para que de manera urgente se revisen los adeudos de los años 2018, 2019 y 2020.

“Nuestra organización tiene un convenio de colaboración vigente con el Consejo de la Judicatura Federal desde el año 2005, cuya finalidad es brindar servicios de interpretación y traducción en lenguas indígenas, realización de dictámenes culturales y dictámenes lingüísticos, en los distintos órganos jurisdiccionales del país, atendiendo el mandato constitucional establecido  en el artículo segundo, Apartado A, fracción octava de la CPEUM (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), además del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2013”.

También cita el comunicado que, debido a la publicación de arancel que regula los pagos a las personas que puedan fungir como peritos y prestar sus servicios al no haber una consulta previa, libre e informada, ni acuerdo alguno entre los intérpretes indígenas de ésta asociación con el CJF, los peritos han dejado de prestar sus servicios a los órganos jurisdiccionales debido a la incertidumbre y poca certeza en relación con los pagos a partir del nuevo arancel, dejando en estado de indefensión y vulnerabilidad a los imputados, víctimas y testigos, por falta de intérpretes indígenas en los procesos jurídico administrativos. 

Las demandas son el pago de adeudos de honorarios y viáticos de los años 2018, 2019 y 2020, resolver la situación de pagos con la Unidad de Medida y Actualización, la situación del convenio vigente con el Consejo de la Judicatura Federal y que las peticiones se realicen de manera legítima, de acuerdo con la Constitución y la aplicación de los Derechos Humanos. 

Fuente/Información: Luz del Carmen Sosa/ El Diario de Juárez