El régimen chavista tolera grupos armados que se dedican al tráfico de drogas y contrabando, esto es cerca de la frontera con Colombia, sin embargo, ahora arremetió contra uno de ellos y esto ha forzado a 5 mil civiles a huir del país.

Durante décadas no se había visualizado una campaña militar de esta magnitud, es organizada contra un grupo criminal que opera dentro de su frontera con Colombia. Sin embargo, esta acción ha causado que 5 mil civiles huyan al vecino país.

Comenzó el asalto con ataques aéreos que fueron descritos por expertos en seguridad como el mayor uso de capacidad militar venezolana en décadas, además indica el cambio gubernamental de la indiferencia al ‘sí me importa qué ocurra’ hacia las organizaciones ilícitas que afloran en la frontera.

Es relevante mencionar que durante años, los funcionarios del gobierno del Presidente Nicolás Maduro, han permitido, incluso, en ocasiones colaborado con estos grupos armados mientras trasladaban drogas y otras cosas de contrabando entre los países, varios de estos grupos tienen raíces en Colombia, ahora que han arremetido contra uno de estos grupos, y por causas desconocidas, Maduro ha dicho que es el reflejo de la política de su gobierno de “cero tolerancia a los grupos armados irregulares de Colombia”.

Diferentes analistas comentan, entre ellos Kyle Johnson, fundador de Conflict Responses, organización sin ánimo de lucro con sede en Bogotá centrada en cuestiones de seguridad, “Nunca habíamos visto algo así a esta escala».

El 21 de Marzo comenzó la campaña militar en Apure, uno de los estados más pobres del país, causando la muerte de al menos nueve personas que el gobierno venezolano considera guerrilleros y dos de su propio personal, dijo el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

En los últimos años varios grupos rebeldes colombianos han operado en territorio venezolano, incluidos miembros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que se han negado a dejar las armas tras el acuerdo de paz del 2016.

Ha estado dirigido a una facción de disidentes de las FARC conocida como el Décimo Frente, el asalto venezolano, centrado en los alrededores de La Victoria, un pueblo de unos 10.000 habitantes, lo anterior de acuerdo a los residentes locales, expertos en seguridad sugieren que podrían haber roto las reglas tácitas establecidas por el gobierno de Maduro o sus aliados.

Juan Francisco García, del grupo venezolano de derechos humanos Fundaredes, dijo que a los ataques aéreos que comenzaron la campaña le han seguido combates terrestres entre el ejército venezolano y el Décimo Frente que “han ido en un proceso de escalada cada día”, que, además tiene una amplia red de comunicación en la región.

Describió a una “población civil que se encuentra en medio de la situación bélica de estos grupos”.

Los testigos de La Victoria y zonas aledañas, describieron en entrevistas, que se despertaron el domingo 21 de marzo con el estruendo de los camiones del gobierno que pasaban por el pueblo, seguido del rugido de los aviones que volaban a baja altura.

Estaba “oscuro todavía cuando empecé a escuchar ruidos de los camiones”, dijo Miguel Antonio Villegas, de 66 años, el vocero principal del consejo comunal de La Victoria, que vio el convoy militar a través de su ventana. Poco después, dijo, “empezaron los bombardeos”. Cuando los habitantes del pueblo se despertaron, se reunieron afuera y vieron las explosiones justo al este.

Comenta Villegas que en los días siguientes, los bombardeos continuaron en la zona cercana a La Victoria, y los soldados empezaron a entrar en el pueblo, interrogando a los civiles y metiéndose en sus casas, acusándolos de colaborar con la guerrilla.

Dos días después del inicio de la campaña militar venezolana, al parecer, los disidentes de las FARC respondieron, explotó una bomba en la oficina de impuestos y el pueblo se quedó sin energía eléctrica en un ataque que Fundaredes atribuyó al grupo de las FARC.

Los bombardeos de los aviones del gobierno estaban tan cerca de La Victoria que “hasta el piso se movió”, dijo Villegas. Aterrorizado, llenó una mochila con sus pertenencias y huyó con dos familiares a la orilla del estrecho río que separa La Victoria del pueblo colombiano de Arauquita.

La orilla estaba llena de vecinos que también huían, dijo Villegas, quien usó una pequeña embarcación para cruzar a Colombia, donde siguen él y su familia.

Desde entonces, los militares han intensificado su presencia en La Victoria, según un testigo civil que pidió no ser nombrado, por temor a las represalias de las fuerzas de seguridad venezolanas.

El hombre, propietario de una pequeña tienda, relató que los soldados acorralan a los habitantes del pueblo, les exigen que muestren su identificación, los inmovilizan contra las paredes y les apuntan con sus armas. En un caso, dijo, obligaron a un residente a arrodillarse y luego lo golpearon y lo detuvieron.

Un investigador de Human Rights Watch habló con un hombre quien le dijo que cuatro integrantes de su familia —su madre, padre, hermano y tío— fueron asesinados por las fuerzas de seguridad venezolanas, que acusaron a la familia de ser guerrilleros, dijo el grupo. Comentó el investigador que, al menos 11 civiles, habían sido detenidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Han sido asignados por el gobierno venezolano dos fiscales para investigar las acusaciones de abusos contra los derechos humanos, dijo el fiscal general del país, Tarek Saab. Pero el gobierno también ha tratado de limitar la cobertura informativa de la campaña militar, según Fundaredes.

Las autoridades venezonalas detuvieron el miércoles, en La Victoria, a dos periodistas de la edición para Venezuela del canal colombiano NTN24 y a dos activistas de derechos humanos de Fundaredes que habían intentado documentar la crisis. Permanecieron retenidos durante un día antes de ser liberados, según familiares y amigos.

La Subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk Broner, calificó los abusos documentados por su organización como “un caso de estudio de todas las barbaridades que el régimen ha venido haciendo y que sigue haciendo con toda impunidad”.

Y agregó: “Esto debería ser una llamada de atención para la Corte Penal Internacional, que tiene el deber y el poder de investigar penalmente a los responsables últimos de los crímenes internacionales más atroces”.

Además de los crímenes atroces contra la población civil, es una muestra de relaciones fallidas con células del crimen organizado, donde si es violado algún acuerdo simplemente atacan sin piedad, y, como siempre quien está en estado de vulnerabilidad es el ciudadano promedio, de qué sirven los registros y el documentar las violaciones, ¿seguirá esperando una Corte Penal Internacional años como en casos anteriores para que paguen los culpables?, ¿será que los ciudadanos pueden esperar de 20 a 40 años para realmente ver que existe la justicia?

La realidad es se han olvidado de las vidas humanas, y los intereses geopolíticos rigen cada dictadura, resultando en miles de desplazados y con vecinos países quejándose de crisis migratoria… no es lo mismo un desplazamiento forzado a una ola migratoria, sin embargo los factores para ello no son tan distintos.