Se giró una orden de aprehensión por un juez penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, contra el exlíder del PRI-DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Sandra Esther Vaca Cortés, y el exsecretario de finanzas del partido, Roberto Zamorano, por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa.

Con base a lo publicado por el semanario Proceso, la orden de aprehensión también incluye a dos exempleadas del PRI capitalino, Claudia Priscila y Adriana, las cuales fungían como reclutadoras de la red de prostitución que operaba en el PRI capitalino.

ANTECEDENTES

Desde el año 2014 se realizó un investigación periodística se dio a conocer el 2 de Abril de ese año a través de MVS,  donse presentaron una serie de pruebas y testimonios denunciando que el entonces presidente del PRI-DF, mantenía a un grupo de mujeres en el partido con objetivos y fines sexuales. Sin embargo, el IEDF resolvió en el 2016 no proceder contra el funcionario, a pesar que también se le acusó de utilizar recursos públicos para esta actividad.

El mismo año que se hizo pública la información, otro artículo cubierto por Aristegui Noticias, da los puntos clave, desde anuncios en el periódico hasta las características de cómo le gustaban al funcionario las mujeres.

El equipo del Partido Revolucionario Institucional, encubría las actividades además de reclutar a jóvenes entre 18 y 32 años, semanalmente recibían un pago en efectivo a cambio de llevar faldas cortas, moverse discretamente pero, sobre todo, atender los deseos del ‘Jefe’, así fue revelado por el equipo de Noticias MVS primera emisión, que, además lograron infiltrar a una reportera en las oficinas del partido político.

Los pagos provenían de la Secretaría de Finanzas del PRI, quien entonces asumía el cargo era Roberto Zamorano Pineda, que pagaba 11 mil pesos mensuales a las mujeres reclutadas que cumplían las fantasías sexuales de quien representaba al partido del Presidente de México, en esos años.

El entonces equipo de Cuauhtémoc Gutiérrez publicaba anuncion vía internet donde se leía «trabajo en una oficina gubernamental». O bien, lo publicaban a través del periódico, el texto entonces fue publicado en El Universal:

“Solicito personal femenino,(que) labore en oficinas gubernamentales, (entre) 18-32 años, disponibilidad de horario. (sueldo entre) $8,000 (Y) $14000 mensuales. Citas (al): 6280-15-44, 55-2785-34-06. (con) Adriana Rodríguez”.

Registró la reportera encubierta que ‘Adriana’ anotaba los datos de las chicas, además de la talla y el peso. Al líder priista, “no le gustan con sobrepeso”.

Aquellas que fueron seleccionadas, esperaban a otra coordinadora quien las entrevistaba por separado. Una mujer bajita, de cabello largo, oscuro y maquillaje recargado, se llama Priscila.

Nunca son revelados los apellidos de las reclutadoras, se descubrió que era Claudia Priscila Martínez González, quien era parte de la nómina del PRI DF con el puesto de Auxiliar Administrativo y su sueldo en ese entonces era de 11 mil 282 pesos mensuales.

La mayoría de las mujeres, entre 12 y 15, al servicio de Cuauhtémoc Gutiérrez, eran madres solteras, mujeres divorciadas o estudiantes. Si alguna de ellas faltaba o aumentaba de peso era despedida.

Las aspirantes desconocían que en realidad serían invitadas a prostituirse.

CARPETAZO

El caso no fue debidamente investigado, simplemente se dio carpetazo al caso. Aún en el año 2015 la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) resolvió no ejercer acción penal contra el ex líder del tricolor.

En Septiembre del 2020, volvió a salir a la luz este caso, donde se le acusaba a Cuauhtémoc Gutiérrez de trata de personas. Godoy dijo que tras revisar el caso quedó en evidencia una investigación deficiente, omisa y lejana a la procuración de justicia.

La fiscal entonces comentó: “Le falló a las víctimas, negándole el derecho a la verdad y la justicia”.

A su vez, la Fiscalía encontró entonces, falta de información suficiente para esclarecer los hechos, así como actuaciones deficientes por parte de las autoridades pasadas y también consideró que las declaraciones eran insuficientes.

Una de las cosas que más complicó el caso fue la filtración de datos confidenciales y personales, que representaron y pusieron en riesgo a denunciantes perjudicando las indagatorias, decía el mensaje de Godoy.

Esperamos que ahora no haya información infiltrada, que se investigue adecuadamente y que se haga justicia. No es posible que tome tantos años hacer caso a las perjudicadas en casos como este.